El Consell destinará 200.000 euros al año durante el bienio 2026-27 a los Ayuntamientos de la Isla en virtud de un convenio suscrito para financiar la elaboración, actualización y defensa jurídica de los catálogos municipales de la red de caminos y con ello, garantizar su paso y uso público.
La primera institución insular, «al tanto de los problemas» que deben afrontar los ocho consistorios menorquines en lo que atañe a tales tareas, tiene la «voluntad» de seguir colaborando crematísticamente con el objeto de que puedan llevarse a término.
El reparto de los 200.000 euros es el siguiente. Alaior, 31.943,27 euros anuales y 63.886,54 euros en total; Ciutadella, 34.317,81 euros anuales y 68.35,02 euros en total; Es Castell, 19.630,16 y 39.260,32; Es Mercadal, 31.279,76 y 62.559,52; Es Migjorn Gran, 20.458,00 y 40.916,00; Ferreries, 24.393,79 y 48.787,58; Maó, 21.316,05 y 42.632,1; Sant Lluís, 16.661,16 y 33.322,32 euros en total.
Las cantidades se consensuaron con el gobierno de cada municipio basándose en los siguientes criterios: un 60 por ciento el número de caminos públicos incluidos en cada catálogo; y un 40 por ciento por el número de kilómetros de estos caminos.
Está claro que si no surge una iniciativa popular como la de Amics d'es Camí d'en Kane, no conseguiremos que los caminos de titularidad pública vuelvan a ser transitables para los ciudadanos. En Ciutadella tenemos el Passatge d'en Pomar, el Camí de Son Felip, el Camí de Torralba y el camí de Son Teri que están cerrados con candados pese a ser de titularidad pública. Y nadie en la administración mueve un dedo.