«Estamos en una situación muy especial, delicada, y es evidente que necesitaremos ayuda. La mayoría somos jubilados y no podemos asumir solos según qué desembolsos». De este modo describe el presidente de la asociación de vecinos de Cala Sant Esteve, Ramon Saura, la situación que viven los propietarios que deberán realizar actuaciones en su tramo de acantilado antes de poder regresar a casa.
Verde, amarillo y rojo
En estos momentos, los geólogos contratados gracias a la colaboración del Consell preparan fichas sobre la situación de cada propiedad. En un plazo de entre una semana y diez días las remitirán al Ayuntamiento para que determine si los vecinos pueden volver de manera inmediata o qué tipo de actuaciones concretas deben realizar antes de obtener la autorización de retorno. Para ofrecer mayor claridad, los técnicos han elaborado un semáforo de riesgo.
De momento, los responsables municipales no concretan el número de vecinos que se hallan en cada una de las zonas, pero el alcalde expone que los titulares de propiedades que se encuentren en la roja «deberán contratar un técnico para que haga un plan de actuación y una empresa especializada para que lo ejecute. Se les autorizará a volver cuando se acredite que los trabajos se han realizado como determina el informe» municipal, concreta Lluís Camps.
Precisamente una de las personas que tiene su propiedad dentro de la zona roja es Ramon Saura. «Lo que me tocará hacer creo que es un desmonte incompleto y, por tanto, posiblemente tendré que desbrozar y hacer actuaciones para no aumentar el riesgo», expone Saura, quien, como la mayoría de sus vecinos, desconoce el importe, aunque sea aproximado, que deberá abonar para sufragar los trabajos.
Inquietud
Ante la inquietud que provoca la situación, el alcalde informa que ya tiene «un primer borrador para contrastar con los técnicos municipales y poder habilitar una línea de ayudas que acompañe a los vecinos que tendrán que hacer actuaciones».
Camps también detalla que ya cuentan con «unos 250.000 euros» comprometidos por el Consell y añade que, en cuanto el Ayuntamiento disponga de los informes, elaborarán «un abanico de los importes» de ayuda que pueden ofrecer. «No es lo mismo quien tiene que desembolsar 39.000 euros, que un vecino que tenga que abonar 3.000 o 4.000. Además, con estos informes también sabremos el total de actuaciones a realizar y podremos ajustar al máximo», concluye Camps, quien también advierte que no todo el dinero ofrecido por el Consell se destinará a estas ayudas. «Los geólogos contratados también suponen un coste», al que hay que añadir el de las ocho familias que siguen alojadas en establecimientos hoteleros.
Riesgo en Cala Figuera
El Ayuntamiento ha contratado por urgencia, y de forma subsidiaria, los trabajos de saneamiento de una gran roca de 78 toneladas considerada peligrosa en Cala Figuera. El coste de la actuación asciende a 39.000 euros. «Empezarán la semana que viene porque tiene que traer material específico de la península», detalló Lluís Camps, quien añadió que será la propiedad del solar quien asumirá dicho importe, tras reunirse con ellos.
La peligrosidad de la roca la detectaron profesionales contratados (siguiendo la recomendación municipal) por los propietarios de unos apartamentos de Cala Figuera para acelerar el regreso. Pero el riesgo se encuentra al lado de dicho bloque, por lo que siguen sin poder volver a casa.
Que las vendan a los franceses y se compren una casa en el centro de Mahón, a ser posible en la Explanda y sus alrededores.