La abstención de los grupos de la oposición ha permitido al gobierno del Consell de Menorca aprobar inicialmente este lunes el reglamento que regula la prestación del programa Lloguer Estable para facilitar el acceso a la vivienda de los residentes. El PSOE, no obstante, ha mostrado su escepticismo ante una de las novedades que se han anunciado: la rebaja del 80 por ciento de la multa por alquiler turístico ilegal a cambio de ceder la casa para alquiler social.
El conseller Eduardo Robsy no cree que los propietarios se acojan a esta opción. Pone el ejemplo de un dueño al que le hayan sancionado con 50.000 euros por un alquiler pirata. Con la ley en la mano, ya tiene derecho a descuentos por el reconocimiento de culpa y el pronto pago de la sanción. Respecto a la condonación de la deuda por destinar el piso a alquiler social el ahorro efectivo que obtendría es de 24.000 euros. La contrapartida, no obstante, es dejar de alquilar esa casa durante siete años, lo que equivale a una compensación de 285 euros al mes.
Con estos cálculos, la conclusión del portavoz del PSOE es que «los números no salen» y que «difícilmente» el Consell conseguirá que ninguna casa sancionada por alquiler turístico ilegal acepte destinarse a fines sociales a cambio de ahorrarse la multa. La consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, no ha rebatido estas cifras, si bien ha matizado que las casas que se destinen al alquiler social dentro del plan del Lloguer Estable también procederán de las adquisiciones de pisos ya terminados que tiene previsto realizar el Consell.
Alquiler sin sobresaltos
El reglamento del Lloguer Estable, que ahora abre el plazo de alegaciones, incluye medidas para garantizar a propietarios e inquilinos el desarrollo sin sobresaltos de los contratos de alquiler con actuaciones de asesoramiento, intermediación, acompañamiento y gestión.
Los propietarios que incorporen sus viviendas podrán compensar el pago de un seguro de hogar, del certificado de eficiencia energética obligatorio y una ayuda anual destinada a la realización de obras de mejora en la casa. A cambio, no obstante, deberán aceptar una renta muy por debajo de las viviendas que se alquilan en el mercado libre, en base a la calculadora del precio de referencia del Gobierno central.
Tal como ha venido explicando este diario, el programa de se articula en dos líneas de acción, incluida el alquiler social dedicado a personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica y social, siempre que no supere el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Para la consellera Núria Torrent «con la aprobación se da un paso importante para avanzar hacia un modelo de vivienda más estable y accesible» y se busca dar «garantías a los propietarios que deciden poner sus viviendas en el mercado de alquiler residencial».
y los 180.000 prometidos por sanches como lo ve , fácil ?