El Ayuntamiento de Maó instará al Gobierno a que aplique el tope del 2 por ciento en la subida del alquiler, contemplado en el Real Decreto Ley 8/2026, en la renovación de los contratos de los pisos de Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó. Además, a propuesta de Ara Maó, pedirá al Ejecutivo central que «ordene a la Sareb la negociación de unos nuevos contratos» con importes «realmente asequibles», ya que en algunos casos la subida planteada a los inquilinos llega a doblar la renta que pagan actualmente. La moción de Ara Maó se debatió por la vía de urgencia en el último pleno municipal y salió adelante con el apoyo del PP y el concejal no adscrito, mientras que el PSOE, en desacuerdo por considerar que no iba en la línea del trabajo iniciado por el Consistorio, optó por la abstención.
El portavoz de Ara Maó, Jordi Tutzó, recordó que han pasado más de dos años desde que planteó otra propuesta sobre la situación incierta de las 50 familias de los bloques de pisos en Avinguda Menorca que pasaron a propiedad de la Sareb, pese a abonar sus alquileres. En marzo de 2026 la incertidumbre no solo sigue sino que los residentes afrontan una renovación con subidas drásticas. En este sentido, el concejal Jordi Tutzó afirmó que la Sareb, como empresa pública desde 2021, «debe dar ejemplo» y bajar precios, aplicándose el mismo criterio que al resto de propietarios «y no incidir en ese 30 por ciento» de esfuerzo, una norma financiera que «no debe usarse con ligereza» ya que, añadió, en una unidad familiar con dos salarios normales tirando a bajos el alquiler puede pasar a 900 o 1.000 euros, «me resisto a normalizar alquileres de 1.000 euros», afirmó.
El PP apoyó su argumentación y se unió a la moción. El concejal Francisco Plaza criticó que la Sareb genere «angustia» en inquilinos que «pagan su alquiler y cumplen con sus obligaciones», así como la contradicción «entre lo que se anuncia y lo que se aplica». La oposición popular reclamó «transparencia y diálogo» a la Sareb «y no una comunicación unilateral que genera más dudas».
Por su parte, el alcalde Héctor Pons, recordó el acompañamiento realizado a los vecinos por el Ayuntamiento. Este ha solicitado a la Sareb que revise los precios «y tenga en cuenta los ingresos de las familias». El socialista consideró que firmar contratos asequibles, a 7 años, «es la mejor opción» para dar tranquilidad a los inquilinos, y si eso no es posible, recordó que los propios arrendatarios pueden pedir la aplicación del decreto estatal y prorrogar sus contratos un máximo de dos años.
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