El Ayuntamiento de Sant Lluís ha denunciado la inacción del Gobierno central ante los daños causados por la borrasca ‘Harry’ en la zona de baño de S’Algar y ha decidido intervenir directamente para retirar los restos de hormigón afectados. El equipo de gobierno asegura que ha actuado por responsabilidad, pese a que considera que tanto la competencia como el coste corresponden al Estado.
Los trabajos se han llevado a cabo esta semana tras la aprobación de un contrato menor por vía de urgencia adjudicado a la empresa M. Polo, por un importe de 4.636,28 euros.
El Ayuntamiento critica abiertamente la falta de actuación del Ministerio para la Transición Ecológica y señala el «fracaso» del modelo de transferencia de competencias en el litoral. Según un informe de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, las plataformas dañadas se encuentran en dominio público marítimo-terrestre y carecen de concesión vigente, aunque existen expedientes abiertos desde hace décadas —en 1999, 2006 y 2022— que siguen sin resolverse.
Desde el consistorio consideran «inaceptable» que estos expedientes lleven más de 25 años sin solución, sin un concesionario responsable ni garantías de mantenimiento de las infraestructuras. «No se trata de un problema puntual, sino del resultado de años de inacción del Estado en el litoral», denuncian.
Asimismo, critican que el sistema actual es «profundamente injusto», ya que el Ministerio continúa recaudando el canon de las concesiones sin garantizar el estado ni la seguridad de las instalaciones. Mientras tanto, la comunidad autónoma asume la tramitación administrativa, pero sin capacidad ejecutiva plena ni recursos suficientes para actuar.
El traspaso de competencias en materia de litoral se formalizó en 2022, durante los gobiernos de Francina Armengol en Baleares y Pedro Sánchez en España, con Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. Según el Ayuntamiento, este modelo ha generado un sistema ineficaz en el que «una administración cobra, otra tramita y ninguna responde cuando surge un problema real».
Ante esta situación, Sant Lluís exige al Ministerio que asuma de inmediato sus responsabilidades, que actúe con urgencia en S’Algar, que resuelva los expedientes pendientes y que revise un modelo de gestión que, a su juicio, «ha demostrado ser ineficaz». «Lo ocurrido en S’Algar no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema que ha fallado», concluye el consistorio.
Que lo quite el ayuntamiento y luego les pase la factura al gobierno y si no paga al momento que el gobierno pida dinero de lo ganado con el turismo que les den