La pareja de holandeses residente en Son Parc, relacionados económicamente con el anterior arrendatario y el electricista de la sala de fiestas Copacabana, de Son Bou, incendiada el 24 de febrero, declararon el lunes como imputados -ahora investigados- en el siniestro sobre el que continúa abierta la investigación. Ambos lo habían hecho ya, en calidad de testigos, cuando se abrieron las diligencias.
El hombre aseguró haber prestado unos 60.000 euros al último responsable del local que fue detenido y puesto en libertad junto al electricista de la misma sala, en abril, acusados de delitos de estafa e incendio, respectivamente.
En su declaración, denegada en un principio por el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, pero confirmada por la Audiencia Provincial a la que había recurrido la abogada de la comunidad de propietarios de los locales colindantes, los holandeses aseguraron que en el momento en que se declaró el incendio se encontraban en su local de Son Parc y que fueron avisados por un policía.
Admitieron haber remitido mensajes amenazantes al electricista y al anterior arrendatario, al sentirse estafados por ellos, aunque la mujer declaró que se trataba de expresiones inglesas y no de amenazas reales. En algunos sms les aseguraban que este año no llegarían a abrir el local y que quien juega con fuego acaba quemándose. En todo caso, no tuvieron reparos en afirmar que no lamentaban el siniestro, e incluso lo celebraban por el perjuicio que les había causado el arrendatario al no devolverle las cantidades que le reclamaban.
El anterior ocupante del Copacabana ha defendido siempre que el compromiso con el holandés, que le había prestado capital voluntariamente, era la posterior unión en una sociedad en la que él sería el socio capitalista y el arrendatario quien dirigiría y explotaría el Copacabana. El holandés iría recuperando el dinero que había prestado a su futuro socio a medida que la sala tuviera ingresos.
La investigación sigue su curso y ha quedado fijada la fecha del 14 de octubre, de nuevo a petición de la abogada de la comunidad, para que el juez acuda al lugar del incendio y presencie in situ los restos del suceso. Pretenden demostrar que el acceso al local podía realizarse también por la parte trasera desde la que pudo haberse lanzado cualquier objeto susceptible de provocar el incendio sin que lo recogieran las cámaras de seguridad.
El electricista fue detenido, entre otras cosas, porque aparecía en las grabaciones de vídeo entrando y saliendo del local el día del incendio.