Dos años y siete meses después arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Palma el juicio correspondiente al suceso más pavoroso ocurrido en Menorca en el último lustro. G.G.B., de 29 años de edad, asestó 39 puñaladas a su madre en el chalé familiar de Son Blanc, en Ciutadella, el 29 de agosto de 2016, hirió gravemente a su padre y causó lesiones a su hermano después de que ambos acudieran a la habitación en la que se había producido la tragedia. Posteriormente intentó suicidarse.
El joven catalán, que era adicto a la marihuana desde la adolescencia aunque había sido dado de alta en 2015 tras numerosos tratamientos, se enfrenta a una pena de 31 años de prisión que solicita la fiscal del caso, Carmen Gotor. Su defensa, a cargo del abogado mahonés Carlos Salgado, pedirá la absolución apelando a la eximente completa por psicosis esquizofrénica diagnosticada al final de su adolescencia, de la que habría recaído pocas semanas antes en un viaje a Irlanda, o en su defecto la eximente incompleta con internamiento en un centro adecuado a su enfermedad. Para ello aportará un informe médico externo del galeno Miguel Timoner, que no coincide con el de la forense del Instituto de Medicina Legal, Gemma Guitart.
G.G.B. está acusado de tres delitos: asesinato a su madre, homicidio en grado de tentativa a su padre y lesiones a su hermano, con el agravante de parentesco. La fiscal pide por el primero 23 años de cárcel, 8 por el segundo y multa de 10 meses a razón de 10 euros diarios por el tercero, además de indemnización a su hermano de 13.710 euros. Existe la posibilidad de que Ministerio Público y defensa alcancen un acuerdo que limite el desarrollo del juicio, señalado desde el lunes hasta el jueves próximos, ante un tribunal del jurado popular compuesto por nueve miembros y dos suplentes.
Tanto el padre, empresario de una conocida cadena de ópticas, como el hermano, que a los pocos días de la tragedia se personaron como acusación particular, decidieron retirarla meses después, por lo que sería más factible alcanzar un acuerdo con la fiscal que suponga el internamiento del acusado en un centro psiquiátrico. Si se diera, el jurado popular no precisaría deliberación.
G.G.B. permanece en prisión preventiva desde su detención el 30 de agosto. La misma sección segunda de la Audiencia Provincial resolvió prolongarla dos años más el pasado verano al haber alcanzado el plazo que marca la ley tras dos de reclusión. El acusado pasó los dos primeros meses en la prisión de Menorca y después fue trasladado a la de Palma por cuestiones de seguridad. Allí permanece desde entonces.
Están citados a declarar por la fiscal, además del acusado, su padre y su hermano, otra pareja amiga que se encontraba en la casa la noche de la tragedia, dos vecinos, seis agentes de la Policía Local y Nacional, y tres médicos forenses.