Un menorquín de 48 años de edad es uno de los cinco acusados que se enfrentan a una condena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa de 218.000 euros a siete pequeños y medianos empresarios de toda España -ninguno de Menorca- urdida a través de un chiringuito financiero, no registrado en el Mercado de Valores, que destapó la Guardia Civil en marzo de 2010 a partir de las denuncias de los afectados.
El acusado, natural de Maó, F.R.C., que fue detenido en su casa, y los otros cuatro inculpados, J.A.F.G, A.A.B., S.G.P y A.G.M., apresados en Las Rozas, El Escorial y Colmenarejo, están pendientes de que el tribunal de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid dicte sentencia tras el juicio celebrado recientemente, los pasados días 27 de marzo y 1 de abril. Los abogados han alcanzado acuerdos puntuales con la acusación, y piden la libre absolución de sus representados.
El fiscal se mantuvo en la solicitud de los tres años y medio de cárcel, la devolución de los 218.000 euros más intereses a los 7 empresarios presuntamente estafados en diferentes cantidades, entre 7.000 y 72.000 euros, además de una multa de 3.600 euros para cada uno de ellos.
Según el ministerio público, los cinco hombres que han sido juzgados constituyeron la empresa de inversiones Siempre Comisiones bajas S.L., en 2006, con sede en Las Rozas, Madrid, de la que figuraba como administrador el menorquín. Todos aparentaron ser expertos en asesoramiento financiero e inmobiliario para conseguir que pequeños y medianos empresarios les entregaran cantidades de dinero que estarían destinadas a inversión. Sin embargo lo que hicieron fue apoderarse de las mismas y desaparecer.
Finalmente las diligencias en fase de instrucción se circunscribieron a 7 afectados presuntamente estafados entre 2007 y 2008, aunque la Guardia Civil, tras la detención de los cinco implicados en 2010, informó que la investigación se inició en marzo de 2009, y que el montante total de la estafa continuada podía ser millonaria.
La red captaba clientes a través de un servicio de telemarketing ajeno a la actividad ilícita de la empresa para obtener sus datos y grado de vulnerabilidad.
Una vez que el cliente era captado y atraído entraba en juego alguno de los responsables del chiringuito que asesoraba a la víctima en pequeñas operaciones bursátiles, beneficiosas en alguna ocasión. Así los empresarios posteriormente realizaban inversiones mayores en bolsa o inmuebles con, supuestamente, una altísima rentabilidad. Pero cuando el dinero estaba en poder de la red, sus responsables dejaban de contactar con el cliente y abandonaban la sede social que habían mantenido como tapadera para dar una imagen seria y solvente.