Fiscal y acusación particular mantuvieron las respectivas peticiones de condena a Antoni Camps, coordinador de Vox en Menorca, que fue juzgado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial, acusado de un presunto delito de apropiación indebida cuando era administrador de la comunidad de vecinos del complejo Tamarinda Privat, en Cala en Bosc, en 2017. La defensa, por su parte, reiteró la petición de libre absolución y el juicio quedó visto para sentencia.
El Ministerio Público solicita dos años y tres meses de prisión, mientras que el denunciante, entonces presidente de la comunidad y exsocio de Camps en otra empresa de mantenimiento, que prestaba servicios a esa comunidad, eleva la condena a cuatro años y medio de cárcel por un delito de administración desleal en lugar de apropiación indebida. Las relaciones entre ambos quedaron maltrechas tras quebrar la empresa que compartían con otros dos socios.
Si es declarado culpable, además de no poder concurrir a las próximas elecciones como candidato de su partido, deberá abonar los 5.718 euros que se le reclaman por la retirada de dos talones en blanco de 7.500 y 1.968 euros de la cuenta de la comunidad que le entregaba el presidente, de los que solo se han devuelto 3.750 euros.
Camps sostuvo que el destino del importe del talón de menor cuantía que retiró con la firma del presidente -su exsocio- fue para pagar servicios de la comunidad a la empresa de la que ambos eran socios. Y en cuanto al otro cheque fue un anticipo de la comunidad para la misma empresa de mantenimiento. Añadió que este cheque sirvió para pagar facturas de materiales de construcción adquiridos para otra empresa familiar del demandante al carecer esta de crédito.
En el juicio, además del acusado, presente en la sala, y su demandante, declararon los otros dos socios de la empresa y dos representantes de la comunidad de vecinos perjudicada, todos por videoconferencia.
La acusación particular interpretó al término de la vista, tras todos los testimonios, que Antoni Camps no tenía autorización para disponer de los dos talones que retiró de la cuenta de la comunidad, ni del presidente, ni de los socios de su empresa, y que tampoco ha quedado acreditado cuál fue su destino, «aunque lo que está claro es que no podía disponer de ellos como lo hizo independientemente del uso que hiciera de las cantidades», dijo su abogado.
Camps rechazó un acuerdo previo y cree que el juez valorará «la malicia» de la acusación
Antoni Camps se negó a aceptar un acuerdo previo al inicio del juicio que habría supuesto un año de prisión, que no habría tenido que cumplir al carecer de antecedentes penales, y el pago de algo más de 3.000 euros. El coordinador de Vox rechazó el pacto, convencido de su inocencia, y espera que el juez valore «la malicia» de la acusación que personifica su exsocio.
Declaró que no pudo haber apropiación indebida puesto que la comunidad de vecinos del Tamarinda Privat tenía presupuestados 19.000 euros para la empresa de mantenimiento, propiedad de Camps y otros tres socios, entre ellos el demandante. «Lo que hicimos fue recibir un anticipo por un trabajo que al final no pudimos hacer porque la empresa quebró. Propuse a mis socios que devolviéramos el adelanto entre los cuatro, pero dos no quisieron y son los que me acusan».
"menorcadriver" és un ridícul petit Stalin menorquí, que s'altre dia, exercint de comissari polític fracassat, amb es pitjor tarannà llepó i delator de s'època més fosca des comunisme, publicava llistes de gent que intentava desqualificar per es simple fet de no pensar com ell. Patètic.