La acusación particular solicita una condena de seis meses de prisión o multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios a una joven de Es Migjorn, propietaria de un perro pitbull Terrier, como presunta responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave.
El animal atacó a un vecino de su escalera en Es Migjorn, el pasado 14 de mayo, con un mordisco que puso en peligro su brazo derecho. El hombre, de 44 años de edad, tuvo que ser intervenido de urgencia para recomponer la extremidad y suturar la profunda herida que le causaron los dientes del animal, considerado potencialmente peligroso. Tuvieron que aplicarle 25 grapas y estuvo hospitalizado en dos ocasiones durante las dos semanas posteriores al incidente.
La acusación particular recurrió el sobreseimiento del juez de Maó que resolvió la denuncia de la familia de la víctima por la vía penal, puesto que desde 2015 el Código Penal ya no estima que una mordedura de animal sea un delito. La responsabilidad del dueño debe dirimirse por la vía civil.
El recurso de la letrada prosperó y tanto la acusación como el fiscal ya han elaborado su escrito de acusación para cuando se señale el juicio en los próximos meses. El Ministerio Público le pide una multa de 1.800 euros y una indemnización de 6.684 euros. La acusación particular, además de la prisión sustituible por una multa de cuantía similar a la del fiscal, solicita que pague una responsabilidad civil de 7.164 euros por los 33 días de baja que estuvo debido al mordisco y por las secuelas que le han quedado en el brazo.
Ni bozal, ni seguro ni registro
Ambas acusaciones contemplan, como agravante, que el animal no llevaba el bozal obligatorio cuando atacó al vecino en el portal del edificio que compartían. Además el perro no había sido registrado en el censo de perros potencialmente peligrosos, la dueña no tenía ni había tenido nunca licencia para la tenencia de este tipo de animales y tampoco había seguido los cursos preceptivos de aptitudes físicas y psíquicas para poseer este perro.