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Un violador en Maó saldrá de prisión dos años antes gracias a la ley del ‘solo sí es sí'

La Audiencia Provincial ha rebajado su condena de 6 a 4 años y podrá volver a la calle a partir de junio

Imagen del barrio de Andrea Doria, en Maó, donde tuvieron lugar los hechos. | Gemma Andreu

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La controvertida Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, popularmente conocida como ley del ‘solo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad, ha elevado las penas para algunos delitos sexuales pero también ha marcado límites inferiores para otros.

El resultado de la norma, que el PSOE quiere rectificar con la oposición de Unidas Podemos, ha permitido ya que por el momento alrededor de 400 condenados por delitos sexuales en todo el país se hayan beneficiado con una rebaja de castigos.

Entre ellos figura al menos un condenado por violación en Menorca, concretamente en Maó, el pasado 11 de febrero de 2021, fecha en la que se celebró el juicio en la Audiencia Provincial, con sentencia dictada por conformidad. El hombre, de nacionalidad boliviana, que estaba en España en situación irregular, aceptó la condena mínima tras el acuerdo al que llegó su abogado con el fiscal y la acusación particular.

El Ministerio Público había pedido 16 años de prisión por delito continuado de agresión sexual, amenazas graves y lesiones psíquicas por los hechos acaecidos en la madrugada del 22 de junio de 2019, en la casa de la mujer, española, situada en la barriada de Andrea Doria de Maó.

Ese acuerdo permitió que la condena quedara en el mínimo de la horquilla que contemplaba la ley, entre 6 y 12 años, después de que el acusado reconociera los hechos. Ahora, con la modificación de la norma, su abogado, Carlos Salgado solicitó la revisión para que se aplicara el nuevo mínimo de la norma.

La condena más baja

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha determinado que la condena anterior debe revisarse y quedar en este nuevo límite más bajo, es decir, dos años menos que en el primer castigo.

El hombre, de 23 años, ingresó en prisión apenas un par de días después de los hechos que denunció la mujer cuando pudo escapar de su casa, donde fue violada tres veces en una noche, según indicaba el fiscal en el escrito de acusación. Quiere esto decir que dentro de apenas cuatro meses, el condenado habrá cumplido la totalidad de su castigo por esta causa.

Cuando fue condenado todavía tenía pendiente otro juicio por tráfico de drogas, hurto y robo en casa habitada, también en Maó, cometido tres meses antes de la violación. La víctima le había permitido alojarse temporalmente en su casa. Aquella noche él la invitó a tomar unas copas en el puerto diciéndole que era su cumpleaños y cuando regresaron le dijo que quería mantener relaciones sexuales pero, al negarse, él la violó y la amenazó con matarla si le denunciaba a la policía y con no volver a ver a sus hijos.

Además fue condenado a indemnizar a la mujer con 6.000 euros, y libertad vigilada.

Revisión de oficio

La entrada en vigor de la nueva normativa que ahora el Gobierno se ha visto obligado a modificar, ha llevado a que se produzca una revisión de oficio por parte de los magistrados de todas las sentencias en ejecución por delitos sexuales.

En el caso de la ocurrida en Maó, la Audiencia ofreció a las partes implicadas la opción de que solicitaran su revisión, como hizo el abogado de la defensa, pero no el fiscal ni el de la acusación particular.

El apunte

El 42 % de los condenados en Balears resultan beneficiados

La Audiencia Provincial ha rebajado las penas al 42 por ciento de los condenados por delitos sexuales gracias a la ley del ‘solo sí es sí’. Hasta la semana pasada ya eran 39 los beneficiados, todo ellos en prisión. Tres han podido salir en libertad por la rebaja. En otros 55 casos, los magistrados han decidido dejar la condena igual, aunque faltan revisar 90 sentencias. Por otro lado, el Parlament rechazó ayer la PNL presentaba por el PP, que instaba a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, a pedir disculpas, rectificar y ser cesadas por sus declaraciones a jueces y partidos políticos en la aplicación de la Ley del ‘solo sí es sí’.

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