Llevamos 20 años en esta casa y he hecho todo lo que he podido, pero el banco no cede, es una lucha contra un titán y yo soy una simple obrera». Son las palabras de Sheila D.M. y Domingo T.M., matrimonio de Ciutadella, que, junto a sus dos hijos menores de edad, deben abandonar la vivienda del Fondo Social del BBVA, en la calle Vila Juaneda, en la que residen en régimen de alquiler social desde 2018.
Una sentencia de la Audiencia Provincial al recurso presentado por la entidad bancaria obliga a la familia a salir de la casa que habían adquirido en 2002. En 2016 el marido se quedó en el paro y, al dejar de pagar la hipoteca, el banco la puso en subasta en 2018. Posteriormente, gracias a la información de la plataforma de afectados de la hipoteca y el apoyo de una pareja de Ferreries «pudimos pedir quedarnos en el piso que había pasado al fondo social del banco». Recuerda Sheila que fueron ellos quienes eligieron baldosas, muebles y completaron la vivienda a su gusto.
Rechaza la sentencia judicial, que se basa en que el banco envió dos burofaxes a la familia, el primero para que aportara la documentación en la que justificaba que seguía cumpliendo los requisitos para seguir en el piso de renta social, y el segundo comunicándole que al no haberlo recibido el contrato finalizaba porque no se había prorrogado.
«El banco se podría portar mejor, pagamos el alquiler y no recibimos esos burofaxes por lo que no hicimos nada pensando en que e iba a renovar el contrato otro año». Precisa que «de haberlos recibido, me habría puesto en contacto con el banco en seguida porque la que pierdo soy yo y mi familia, que nos quedamos sin casa».
A pesar de los intentos por hallar una solución, la oficina de Ciutadella se remite a la organización del BBVA en Madrid, «se pasan la pelota de uno a otro, podrían portarse mejor y yo ya estoy casi resignada a salir, me estoy dejando la salud porque he hecho de todo para impedirlo». Sheila ya se ha dirigido a los servicios sociales del Ayuntamiento y aguarda información para hallar otra vivienda, aunque su abogado está intentando que la central bancaria se avenga a negociar. De hecho, la familia no ha dejado de pagar ninguna mensualidad, con ella trabajando y el marido de baja desde hace ocho meses.