El líder de la manada que violó a una menor de Menorca pactó su venta a un proxeneta por mil euros

La sentencia 228/24 de la Audiencia Provincial que condena a cuatro miembros de la manada de Palma a 138 años de cárcel por violar a una menor menorquina ha puesto al descubierto la existencia de una red de prostitución que afectaría a menores de edad.

En el juicio se demostró que el líder de la manada, conocido como Jony, pactó la venta de la menor menorquina a un proxeneta, que podría ser rumano o ucraniano, por mil euros. Además los dos delincuentes pactaron las condiciones, un 40 por ciento de los ingrresos para Jony y un 25 para el proxeneta.

Esta menor de 15 años, que ahora tiene 23 y cuya familia es menorquina, no llegó a prostituirse pero el riesgo fue enorme. Ella se había escapado de un centro de menores de Mallorca, donde recibía tratamiento. Solía ir a la casa okupada donde se consumía alcohol y marihuena. El líder de la manada le dejaba quedarse allí siempre que trajera comida o ropa, que ella robaba.

Un día le presentó a un hombre, el posible comprador, y ella le acompañó a recoger a su hijo a la guardería y después le presentó a su mujer. El proxeneta reconoció en el juicio que «le ofrecía a esa chica para ejercer la prostitución», aunque dijo que no la aceptó al darse cuenta de que era menor de edad.

Según consta en la sentencia como hechos probados, el 7 de enero de 2016, un día antes de que sufriera la violación en grupo en un piso okupado, en manos de Jony, otra menor la acompañó a un piso de la zona de Pere Garau, en Palma, donde probablemente se ejercía la prostitución.

La menor menorquina declaró que no le gustó lo que vio. Estaba lleno de mujeres. Y pidió auxilio a otro menor con el que mantenía una relación. En el juicio se aportó los mensajes de whatsapp entre ellos, en los que la menor pedía que la sacaran de allí y que la dejarán ir al piso okupado. En una declaración con su terapeuta, la menor menorquina manifesto que «otras niñas también menores se compran y se venden».

Múltiples errores en los ocho años de instrucción del caso

Ocho años es una demora injustificada para cerrar este caso. La deficitaria tramitación obligó a devolver el caso al juzgado de instrucción, para el auto de conclusión del sumario y el auto de rebeldía del proxeneta, que finalmente declaró en el juicio. En la vista no se pudo contar con las declaraciones de la víctima en otras sedes, porque algunas no se grabaron. La única declaración de la víctima «susceptible de ser valorada se presta en sede plenaria».

El único condenado a 2 años de cárcel por favorecer la prostitución de una menor es el líder la manada de Palma. Jony es el que ha recibido una condena mayor por parte de la Audiencia, 12 años por cuatro delitos de agresión sexual, un total de 48 años de cárcel. No los cumplirá por las limitaciones sobre el cumplimiento máxima de penas.

Igual que los otros tres condenados. Portu, a 8 años por cada uno de los cuatro delitos de agresión con un total de 32 años, igual que a Xisquito, y un total de 24 años a Xino, por un atenuente de intención de reparación del daño ya que consgnó en el juzgado 10.000 euros. Los otros dos participantes en la violación de grupo eran menores de edad en 2016 cuando se produjeron los hechos y no han sido acusados en esta causa.

«Darse cuenta de que soy una víctima cuesta mucho»

La menor menorquina violada por la manada en Palma en 2016 sufre todavía las secuelas de lo que sufrió entonces. Ocho años después declaró en el juicio que «darse cuenta de que una es una víctima y de que estos hechos no están bien, cuesta mucho».

La credibilidad de su testimonio es la clave para entender una sentencia judicial ejemplar, que pese al tiempo transcurrido y las dilaciones injustificadas que han beneficiado a los acusados, las penas son muy importantes.

El tribunal, presidido por la magistrada Samantha Romero, la misma que actuó como ponente en el caso Nóos, anota en la sentencia que «el hecho de que la prueba esencial fundante de la condena sea básicamente un testimonio, el de la víctima, es compatible con la presunción de inocencia. Están superadas -añade- épocas en que se desdeñaba esa prueba única considerándola insuficiente por ‘imperativo legal'».

Prosigue este análisis: «El abandono de esa regla no constituye una concesión al defensismo o a unas ansias de seguridad que repelerían la impunidad de algunos delitos». El tribunal aplicó el «triple test» en la declación de la víctima para determinar que tenía base suficiente para una sentencia condenatoria.

Los abogados de los cuatro condenados han presentado recurso de apelación de la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. Si en esta instancia se confirma el fallo de la Audiencia Territorial, a los condenados solo les quedará el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los jueces reconocen que la madre podía acceder al teléfono móvil de la menor

Los abogados de la defensa intentaron anular la prueba que inició el caso, el hecho de que la madre de la menor violada accediera al contenido del móvil de su hija de 15 años, lo que consideraban una intromisión ilegítima a su privacidad. A partir de la información del móvil se presentó la denuncia. La adolescente no era consciente de la gtravedad de los hechos y no hubiera presentado denuncia. Una parte considerable de la sentencia se dedica a argumentar el rechazo a este petición de la defensa. En primer lugar, la menor compartía el Facebook con su madre y en el juicio manifestó que no prohibió el acceso de sus padres al móvil. El tribunal da un paso más: «No puede el ordenamiento jurídico hacer descansar en los padres unas obligaciones de velar por sus hijos menores y al mismo tiempo desposeerles de toda capacidad de control».