El juicio por la demanda interpuesta por 11 bomberos profesionales contra el Consell quedó ayer por la mañana visto para sentencia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, de Palma, después de que el abogado de la institución insular y el de la acusación expusieran sus alegatos ante la jueza titular.
La vista abordaba la denuncia de estos 11 bomberos por la demora del Consell, que tardó 10 meses en contratarles esgrimiendo falta de presupuesto pese a que entonces aún mantenía en plantilla a 34 bomberos semiprofesionales. Los demandantes señalaron que el Consell podía estar incurriendo en facilitar un intrusismo laboral, dado que no tenían su misma formación, además de poner en duda la legalidad de esta figura puesto que ya eran empleados remunerados por otras administraciones públicas.
El letrado del Consell, Joan Barceló, defendió ante la jueza que los bomberos semiprofesionales forman un colectivo diferente, que eran meros colaboradores del servicio de prevención y extinción de incendios, y que dependían directamente de los ayuntamientos de donde procedían, ya que casi todos ellos eran policías locales. Es decir, que a todos ellos les pagaban sus respectivos consistorios aunque trabajasen para la institución insular, en cuya memoria anual aparecía una partida de algo más de 300.000 euros destinada al coste de estos bomberos semiprofesionales.
El servicio es mancomunado y lo sustentan todas las administraciones locales e insular con aportaciones diferentes, según sus características.
Además, el abogado precisó que el Consell no tenía la obligación de contratar a todos los bomberos que completaron el curso de formación y la oposición en el verano de 2021, por razones presupuestarias, y que lo fue haciendo a medida que tuvo disponibilidad para ir incorporando a todos los profesionales, lo que sucedió en junio de 2022.
El apunte
La demora causó perjuicios económicos a los demandantes
Ignacio Barbosa, letrado de los denunciantes, sostuvo que esta demora causó un grave perjuicio a los bomberos que habían aprobado la oposición y el curso formativo, en algunos casos, incluso cambiando de residencia. Dado que los semiprofesionales fueron cesados el 31 de diciembre pasado, la demanda se centró en que la jueza decida sobre este perjuicio en el caso de que considere que los ‘semi’ estaban contratados de forma ilegal, y en ese caso que cuantificara la indemnización, tomando como referencia un líquido mensual de 1.800 euros que elevaría la cantidad global a 198.000 euros.