Una cuestión recurrente, en la que coincidieron los ponentes que intervinieron en el primer Foro del Llatzeret consistió en la imperiosa necesidad de reducir trámites, erradicar la burocracia y agilizar el laberíntico funcionamiento de las administraciones. Todos dispararon en el mismo sentido en la Menorca del futur.
¿Hasta cuándo habrá que seguir esperando una media de un año en Menorca para conseguir una licencia municipal de obras? El problema tiene su origen en la superposición de normas, leyes, reglamentos y planes -siempre en permanente revisión y modificación. Ahora mismo nadie tiene la respuesta a esta pregunta tan simple que desincentiva inversiones, irrita a los ciudadanos perjudicados por las demoras endémicas, ahuyenta los promotores y castiga en Menorca a los arquitectos, constructores e instaladores.
Desconocemos si esta cuestión se puso sobre la mesa de Sa posada del Toro el día que el obispo Gerard invitó a almorzar -de menú, of course!- al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca; el vicepresidente Simón Gornés, y directores insulares con motivo de la reunión de presidentes de corporaciones locales de Menorca que acogió el centro geográfico y espiritual de la Isla.
El almuerzo discurrió con paz ecuménica -no hubo reproches entre el alcalde Llorenç Ferrer y la exalcaldesa Juana Mari Pons Torres- y con gran voluntad de entendimiento, como reclamó el prelado a nuestros políticos. Pero Gerard Villalonga, que aconsejó paz, prudencia y sentido común, no se atrevió a proponer la formación de gobiernos municipales integrados por PP y PSOE.
GOBIERNOS PP-PSOE
El noventa por cien de la gestión de los Ayuntamientos afecta al funcionamiento de los servicios públicos que reclaman los ciudadanos: limpieza viaria y recogida de basuras, iluminación, aceras, alcantarillado y ágil tramitación de los expedientes, peticiones, licencias y actividades.
Todos queremos una ciudad ordenada y adecentada, agradable y habitable, con capacidad de acogida y buen trato. Policías Locales competentes, funcionarios amables y preparados, acabar con los retrasos y elevar el ciudadano, más allá del sujeto tributario que cada año paga IBI, impuesto de circulación y tantas otras tasas, a la categoría de personas escuchadas, atendidas y respetadas.
Los equipos de gobierno municipales PSOE-PP pacificarían la gestión, eludirían la polarización que les invade y retroalimenta, y harían posible la gran reivindicación pública: que se pongan de acuerdo para evitar críticas y reproches injustificados y una oposición que crispa en lugar de aportar las soluciones imprescindibles, de interés general.
BUROCRACIA LOCAL
En junio de 2023, en un lúcido artículo titulado «Burocràcia a la menorquina», el amigo periodista y sociólogo Sebastià Rotger Barber recordó en «Es Diari» que Eivissa, con 161.000 habitantes, cuenta con cinco ayuntamientos y el Consell; mientras que Menorca, con 102.000 habitantes, tiene ocho ayuntamientos y el Consell.
Las nueve instituciones menorquinas gestionan sesenta millones de euros menos que las de Eivissa pero tenían 106 empleados públicos más. Cada funcionario menorquín atiende a cincuenta ciudadanos, en Eivissa son 89.
El interrogante que formuló S. Rotger sigue abierto: ¿necesitamos los menorquines tanta burocracia y nueve instituciones para administrar una población de 100.000 habitantes y un territorio de 695 kilómetros cuadrados? Si nadie se atreve a suprimir un ayuntamiento, al menos que mancomunen los servicios y reduzcan funcionarios.
EL VIAJE DE IDA Y VUELTA
Tóbal Pons Sintes, tras un extraño viaje de ida y vuelta que no le llevaba a ninguna parte y marear la perdiz durante diez días, presentó su renuncia a la portavocía del grupo municipal del PP en Es Mercadal y también comunicó que no optará a la reelección como presidente de la junta local de esta formación política.
La errática estrategia diseñada con el concejal de Fornells Richard Riera no le llevaba a ninguna parte. Tóbal regresó al punto de partida y acabó aceptando la solución propuesta por Misericordia Sugrañes y Cristóbal Marqués al día siguiente de haber trascendido que pesaba sobre él una condena firme por un delito leve de lesiones: la doble renuncia a los cargos orgánicos exigida por la dirección insular del PP. Queda archivado el expediente abierto por el presidente del Comité de Garantías y Derechos en Balears, Javier Ureña.
La cuestión de fondo consiste en que Tóbal Pons Sintes tenía que haber informado a su formación -así lo exigen los estatutos del PP- del procedimiento penal en el que estaba inmerso y de la condena. Pero no lo hizo. Podía haber recibido asistencia letrada y todo podría haber acabado de otra manera. Así se escribe la pequeña historia de la política local.