Era el dia d’enganar, pero no había ni broma ni engaño, ni trampa ni cartón, en la toma de posesión de las dos nuevas integrantes de la Sindicatura de Greuges de Menorca: la profesora Llucia Mascaró y la enfermera Teresa Cugat, tras haber sido designadas por el pleno del Consell con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos.
El austero acto se celebró en el espacioso despacho de presidencia de la institución insular bajo la atenta mirada de Adolfo Vilafranca. Mascaró y Cugat se unen al hiperactivo médico Luis Navas Casals e integran el organismo encargado de velar por la defensa de los derechos de los menorquines ante las administraciones.
Llucia Mascaró, con trayectoria profesional vinculada a los ámbitos educativo y cultural, ha ejercido como profesora en varios centros escolares de Menorca, tanto concertados como públicos.
Teresa Cugat, diplomada en Enfermería por la Universitat Rovira i Virgili, ha compaginado la docencia como profesora asociada de la UIB con la actividad asistencial y diferentes responsabilidades en el IB-Salut.
Para el 20 de abril está prevista la presentación de la memoria 2025 de la Sindicatura de Greuges menorquina con un severo reproche a las administraciones de la Isla por su falta de respuesta y, sobre todo, la demora en las respuestas a este organismo.
Falta de respuesta
Estos reiterados y contumaces retrasos restan sentido, eficacia y contenido al trabajo de los tres síndics, que han de vencer el desencanto y el desaliento.
Un reproche que coincide con la severa amonestación que ha dirigido el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al Ayuntamiento de Ciutadella al no atender sus requerimientos e incumplir las funciones que tiene asignadas, como administración local, en materia de salud pública.
En la memoria del año pasado, los síndicos menorquines afirman: «Algunas veces tenemos un sentimiento de impotencia al observar como la resolución de los expedientes se demora y no podemos responder a los ciudadanos que, en definitiva, son los que padecen esta situación». Subrayan que «la queja más reiterada de los ciudadanos continúa siendo la falta de respuesta de las administraciones a sus demandas en los plazos establecidos». A continuación, cara y cruz, añaden: «Pero nos vemos compensados por las muestras de agradecimiento que recibimos por parte de bastantes usuarios que han obtenido respuesta».
Amarres en Maó
Y mientras los expedientes se demoran en la Sindicatura de Greuges, se atascan las piezas judiciales del ‘caso Puertos’, iniciado en 2020. Después de un secreto del sumario que se prolongó durante cuatro años, no avanzan las investigaciones sobre las actuaciones de la Autoritat Portuària de Balears, lo que ocasiona el desespero y el desamparo de los implicados, que invocan sin éxito la tutela judicial efectiva.
Ninguna pieza aún ha sido juzgada. Dos sumarios, relativos a concesiones en Formentera y a astilleros, han quedado archivados. Los otros cinco procedimientos siguen abiertos, a la espera de su archivo o de que existen indicios para celebrar vista oral.
En la parte con auto de apertura de juicio, la Fiscalía sostiene que la cúpula de la Autoritat Portuària se concertó durante años para amañar dos concursos: la adjudicación del Club Náutico de Eivissa y la explotación de unos amarres en el puerto de Maó. Reclama condenas de hasta nueve años de cárcel para su expresidente, Joan Gual de Torrella, al que han destrozado la vida con la muerte civil y social, y otros catorce implicados serán citados para acudir al banquillo de los acusados.
La apertura de juicio oral se dictó en diciembre de 2024, pero, 16 meses después, aún no hay señalada vista preliminar, un trámite necesario. Este juicio, que se prolongará durante semanas, no tiene prioridad al no haber ningún imputado en prisión preventiva. El atasco en la Audiencia Provincial motiva que se siga aplazando sine die. La Justicia que se demora, con dilaciones y retrasos incomprensibles, deja de ser justa. Dura lex, cierto, pero también ha de ser ágil, resolutiva y eficaz.
637 euros en impuestos
El crecimiento de las plantillas de empleados en las administraciones públicas -funcionarios y personal laboral y contratado- a los que hay que añadir los cargos políticos y los cargos de confianza exige más recursos para que todos ellos cobren a final de mes.
De media, cada menorquín paga este año 937 euros en tasas e impuestos municipales. El capítulo de gasto más elevado corresponde al personal, que absorbe 603 euros por contribuyente, lo que significa en la práctica dos tercios del total. El personal de los ocho ayuntamientos de la Isla suma hoy más de mil empleados.
Es una batalla perdida antes de empezar,fuera de plazo,falta documentación con la administración hemos topado. No tienen vergüenza!!!!