Hace días que observo cómo la Delegación de la Conselleria de Salud de la Av. José María Cuadrado de Maó, donde sigue trabajando el Doctor Abellán, se ha convertido en el centro neurálgico de la campaña de apoyo a dicho médico, condenado por revelación de secretos en un contexto de violencia de género.
Muchos de los compañeros de este señor realizan una actividad frenética de recogida de firmas y los formularios pueden encontrarse en los comercios vecinos, como la Papelería Clips o El Viejo Cafetín.
Sin duda estas personas están en todo su derecho de pedir el indulto para su compañero. Lo que me inquieta es que muchos de estos empleados, que supuestamente tienen acceso a todos nuestros datos personales y sanitarios más sensibles, minimizan la importancia del delito y firman públicamente cartas y escritos en los que reiteradamente muestran su rechazo a la importancia que concede la ley a la protección de dichos datos. Incluso he leído escritos de médicos que consideran que no existe el delito porque todos los médicos están autorizados a acceder a dichos datos, obviando la necesidad de autorización del paciente. Y están tan convencidos de ello que incluso firman con nombre y apellidos y número de colegiado.
Por consiguiente quisiera requerir a la Conselleria de Salud que me informe de qué medidas toma para controlar el acceso a mis datos sanitarios, dado que quienes los deberían custodiar se consideran con derecho a usarlos a su antojo.