El debate sobre la cárcel de Menorca que ahora vuelve a suscitarse, aunque sea de forma colateral, llega tarde, por la evidencia del avanzado estado de la edificación. Sin duda es positivo que un centro de este tipo permita el acercamiento de los menorquines que cumplen condena a sus familiares, una reivindicación en la que se comprometió la Iglesia diocesana desde el inicio del proyecto. También lo es la incidencia económica que tendrá para el municipio de Maó, ofertando puestos de trabajo y generando consumo y actividad empresarial. En su origen, debieron precisarse más las características del proyecto, ya que se interpretó que se iba a construir un centro de inserción social. La elección del emplazamiento podría haberse analizado mejor, ya que al lado de una casa cuartel de la Guardia Civil y en la carretera más turística de la Isla es una ubicación con más inconvenientes que ventajas. Sin embargo, una cárcel no es un cementerio nuclear y no debería condenarse la imagen de un centro que trata con personas y que cumple una evidente función social. Las compensaciones por parte del Estado pueden ser un buen argumento para mejorar la financiación local, pero no debe ser un asunto que aliente polémicas extemporáneas.
Editorial