La falta de recursos es el argumento del Govern para justificar el aplazamiento -hasta 2017- del pago de la carrera profesional a los funcionarios de la Comunitat Autònoma. Solo para el próximo año el coste de este incentivo asciende a 21 millones de euros, cifra a la que habría que añadir los complementos pendientes. Los representantes sindicales de los colectivos afectados, en especial el sanitario, anuncia movilizaciones.
El pago de este plus fue suspendido en 2010 y el anterior Govern del PP acordó con los sindicatos su reimplantación en plena precampaña electoral.
La cantidad que supone el abono del complemento de la carrera profesional lo hace inasumible para las arcas autonómicas, cuyos responsables deben priorizar el destino de los recursos públicos. En este contexto es preciso reclamar a los funcionarios y sus representantes un ejercicio de responsabilidad, máxime cuando las condiciones de los empleados públicos no admiten comparaciones con la empresa privada. Se impone un periodo de diálogo y negociación para reconducir un conflicto que, de no ser resuelto, repercutirá en los servicios públicos y perjudicará a todos los ciudadanos de Balears.