El impacto económico del alquiler turístico en Menorca confirma la importancia de esta actividad emergente y la cada vez mayor demanda que registra en la oferta vacacional. Una actividad que debe ser regulada con criterios claros que acaben con las reiteradas y antiguas discrepancias entre los hoteleros y los empresarios de las viviendas turísticas vacacionales.
El gobierno tripartito del Consell insular -formado por PSOE, Més y Podemos- ya ha manifestado su desacuerdo con el proyecto de reglamento que redactó el anterior equipo del Partido Popular. Al mismo tiempo se ha comprometido a tramitarlo durante el 2016 para aprobarlo en 2017. El alquiler de segundas residencias genera elevados ingresos al atraer a numerosos visitantes que esperan hallar instalaciones en condiciones y servicios acordes con los precios pactados. La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos presenta numerosas lagunas en esta materia, por lo que es preciso definir y aplicar una regulación específica.
Además de los aspectos administrativos y de calidad de estos alojamientos también hay que garantizar la convivencia ciudadana. Retos a los que deben responder el Consell y el sector.