Los escaños vacíos de todos los diputados de la oposición en el momento de votar la proclamación de la república y la independencia de Catalunya en el Parlament ponen de manifiesto un proceso llevado a cabo de manera ilegal, ilegítima y caótica. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras son los primeros y principales responsables de este insensato desafío al Estado, de incierto futuro y cuya primera víctima es la sociedad catalana.
La gravísima situación creada también pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno para resolver este conflicto, porque ahora debe gestionar la aplicación del artículo 155. Rajoy quiso dejar en manos de los jueces la solución a un conflicto de naturaleza política que hace años rebasó el ámbito institucional. La inacción política de Madrid propició el desarrollo del independentismo catalán con un escenario de tensión que hoy paga toda España. Al situarse fuera de la ley, Puigdemont ha de responder ahora ante la Justicia, pero el Gobierno central ha carecido de una estrategia para desactivar el enfrentamiento. Catalunya debe regresar a la legalidad constitucional, una tarea difícil que sólo se logrará con unas elecciones democráticas, no con un referéndum ilegal.