Las diferencias en el tripartito gobierno del Consell sobre el derribo de las estructuras ya construidas en La Argentina y Rafal Rubí son un secreto a voces que han acabado por trascender. En la recta final del mandato y a sólo nueve meses de la próxima convocatoria electoral, persisten las discrepancias porque una decisión de esta naturaleza, además de los criterios políticos, debe estar sólidamente avalada por informes técnicos y jurídicos solventes, que han de suscribir funcionarios de carrera en lugar de informes externos de asesores. Un tercer aspecto, fundamental, se refiere a la justificación económica y los recursos para llevar a cabo las demoliciones.
Estas obras son financiadas con el convenio de carreteras Estado-Balears, y los proyectos de las rotondas a doble nivel en La Argentina y Rafal Rubí, similares a las ya construidas en los desvíos de Alaior y Ferreries, no obtuvieron ningún reproche ni merecieron objecciones que han surgido posteriormente. Invocar ahora impactos paisajísticos que no se habían detectado antes en una obra pública tan costosa debe ser valorado a fondo cuando la primera exigencia es mejorar la seguridad del tráfico rodado.