Organizaciones empresariales y sindicales se han unido contra el Govern en los tribunales ante las reclamaciones del Ejecutivo autonómico en subvenciones mal justificadas, que ascienden a millones de euros. Es lógico que el Govern reclame y también que patronal y sindicatos se defiendan ante una investigación que ha evidenciado irregularidades.
Estos contenciosos transmiten un mensaje claro: todo beneficiario de una subvención pública debe justificar hasta el último céntimo el dinero recibido, porque ha sido aportado por todos los ciudadanos, vía impuestos. No se pueden admitir expedientes mal justificados o que falten documentos acreditativos de las actividades realizadas con recursos públicos.
Las asociaciones sindicales y empresariales son agentes sociales básicos en todo Estado de Derecho para la estabilidad social. De ahí que los responsables de estas entidades no pueden tomarse a la ligera la tramitación y gestión de las ayudas que perciben. Es preciso que mejoren los sistemas administrativos, que han de ser más ágiles y eficientes, y que aumenten los controles. La buena fe no basta cuando se trata de cantidades pagadas por todos.