El mismo día que el Consell Econòmic i Social de Balears pronosticó que la economía balear caerá este año un 22,2 por ciento y perderá 130.000 empleos, el Govern aprobó por urgencia un decreto que permite ampliar los hoteles un 15 por ciento. La presidenta Armengol defendió la propuesta porque -dijo- contribuirá a mantener 31.000 puestos de trabajo sin mayor consumo de territorio. Esta norma, que debe ser refrendado por el Parlament, incluye un conjunto de medidas para superar la crisis económica de la pandemia de la covid-19. Varias de estas medidas tienen un claro acento liberal que contrasta con el programa de izquierdas del Govern formado por PSOE y Podemos.
La magnitud del desplome de la economía balear es la justificación de un decreto que generará importantes tensiones políticas en el seno Ejecutivo balear. Los incentivos se dirigen a la construcción y el turismo, pero generan reticencias al cuestionar las garantías de preservación del medio ambiente y la contención del crecimiento urbanístico quedan en entredicho, y por la nula atención al sector primario.
Este nuevo marco jurídico crea incomodidad en el Pacte y abre un escenario que asegura inestabilidad política en el futuro.