El acuerdo para la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre se antoja como una fórmula de compromiso, un parche del Gobierno para ganar tiempo. Las patronales no ocultan su decepción por un acuerdo en el que todos se muestran decepcionados, en especial por la pérdida progresiva de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social. En el caso de Balears, los ERTE afectan a más de 150.000 trabajadores, muchos de los cuales se verán abocados al desempleo en octubre debido al cierre de empresas si no se pacta otra prórroga.
Frente a una devastación económica como la que ha provocado la crisis del coronavirus, el Gobierno debería tener claras cuáles son las prioridades para mantener el tejido empresarial, indispensable para mantener los puestos de trabajo y la recuperación del país. Cada euro de endeudamiento público debe ser valorado sobre su rentabilidad a corto y medio plazo, actitud que defienden algunos países de la UE para explicar sus reticencias al reparto indiscriminado de ayudas. El acuerdo hasta septiembre se intuye como una escala un viaje que se prolongará hasta el 31 de diciembre, pero el Gobierno prefiere prolongar la incertidumbre; otro modo de castigar a las empresas.