Así nos ven algunos vecinos europeos, como cigarras, guitarra y baile al sol, vagueando, mientras ellos sudan su jornal y aquí se despilfarra; explotar el tópico vende, suele dar rédito electoral. Nada más lejos de la realidad cotidiana de los trabajadores españoles, que apenas han podido recuperarse de una crisis para entrar en la recesión motivada por la pandemia, por no hablar de jóvenes muy formados que luchan por buscar su camino, y mayores, la auténtica base de la conciliación que permite ganar un sueldo a no pocos padres. Somos legión las hormigas, y entre las administraciones públicas, esas hormigas han sido los ayuntamientos. En tantas ocasiones se han lamentado de no poder acometer tal o cual proyecto, o de verse cortos de personal sin margen para contratar por la ‘ley Montoro', esa norma que se eterniza, sin un gobierno capaz de aprobar sus propios presupuestos. Nuestro ‘frugal' patrio, el exministro de Hacienda, hizo que los municipios ahorraran con sus leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Había que atajar el endeudamiento y ese pesado yugo para las corporaciones ha permitido contar con unos remanentes que, entre Consell y ayuntamientos, ronda los 75 millones de euros en Menorca. Ahora, como la negociación con la Unión Europa va a acabar en recortes, lo llamen como lo llamen, el Gobierno, lejos de aplicarse la tijera en sus sueldos y ministerios, mira con avidez la hucha de las hormiguitas locales, quiere meterle mano. En lugar de dejar que ese dinero se quede en la administración más próxima y que esta intente aliviar a sus ciudadanos lo que se les viene encima, la ministra Montero ha ideado un plan que se resume en que solo dejarán gastar a los ayuntamientos si antes estos le prestan ‘voluntariamente' al Estado.
Pese a la negativa inicial de los alcaldes, es previsible que acaben teniendo que claudicar. Una encerrona en toda regla.