Un decreto-ley de medidas urgentes que suscita controversia

La anunciada nueva Ley Turística de Balears se convirtió en la mañana del viernes en un decreto-ley de medidas urgentes que suscita viva controversia en Menorca, con división de opiniones y el rechazo a las formas utilizadas por el Govern Armengol. A las primeras reprobaciones del presidente del Colegio de Aparejadores, Miguel A. Sicilia, se añadió el desacuerdo del presidente insular del Colegio de Arquitectos, Enric Taltavull, que admitió aspectos positivos, pero denunció que se ha perdido la ocasión de fijar una regulación única para todo el sector turístico. Las críticas de mayor calado proceden de la Ashome, que reclama al Govern una ley consensuada «con toda la cadena de valor turística» y recuerda que «no es lo mismo establecer un límite de crecimiento que una suspensión de la actividad». Ashome advierte que la moratoria de cuatro años provocará un perjuicio innecesario. En esta línea se pronuncia Pime al afirmar que tendrá «nefastas consecuencias en la economía de Menorca». El conseller Negueruela explica hoy la rapidez con que actuó el Govern para evitar la presentación de proyectos, pero olvida en las miles de plazas turísticas que se han creado estos últimos años en Menorca, la mayoría de viviendas vacacionales, que se están comercializando y explotando sin estar reguladas.