En octubre pasado Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, declaró, en referencia al retraso de los viajes del Imserso durante esta temporada 2021-2022 que «las condiciones impuestas por el Gobierno «nos obligan a decidir a los hoteleros españoles entre susto y muerte». El programa de vacaciones gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cancelado desde marzo de 2020 por la pandemia, que tenía que empezar en octubre, no arrancó hasta febrero. Pero hubo destinos que no firmaron los contratos porque los retrasos acumulados y los precios que paga el Imserso no compensan la apertura, porque su tardío inicio pone en riesgo dos objetivos del programa: mantener el empleo y alargar a temporada. Los viajes del Imserso ya no hacen de puente ente dos temporadas. Los hoteleros denuncian que el Imserso les exige que, por 20 euros la noche más IVA, ofrezcan alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, agua, vino en las comidas, animación y servicio médico. Ello provoca que los empresarios sostengan estos viajes a base de pérdidas en sus cuentas de resultados. Se impone, por tanto, el acuerdo, lo que implica revisar las condiciones con las empresas de alojamiento y garantizar los viajes para 2022-2023.