El pleno del Parlament ha aprobado habilitar sesiones extraordinarias los meses de julio y septiembre para tramitar siete iniciativas legislativas, que consisten en cinco proyectos de ley (Archivos, Políticas de juventud, Ciencia, Tiempo libre educativo para la infancia y la juventud, y Régimen Jurídico para actividades sujetas a autorización ambiental) y dos proposiciones de ley: Arrendamientos Urbanos y Reserva de Biosfera de Menorca, remitida por el Consell. Además, el martes el Parlament debatirá la actualización de la Ley de Consells insulars, que fue aprobada el 2000 y quedó desfasada tras la reforma del Estatut del 2007. Y cuando ya hemos entrado en el tramo final de la legislatura -en marzo del 2023 Armengol disolverá el Parlament- vuelve a quedar como asignatura pendiente la creación del Síndic de Greuges en Balears. Cabe preguntar si nos hallamos ante un escenario de inflación legislativa, fruto de una voluntad política de regular toda y cada una de las cuestiones, no sólo en el ámbito de las instituciones, sino de las empresas, las actividades profesionales y personales. En el imperio de la ley hay un gran número de normas y reglamentos en vigor, que se derogan y modifican constantemente, como ha ocurrido con Ley Turística de Balears. Hay que legislar con sensatez y sentido común, sin caer en la redundancia.