El Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos retomaron ayer la negociación para la reforma de las pensiones, que incluirá la subida gradual de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social durante las próximas tres décadas. La última reunión se celebró el 12 de septiembre. Estas semanas los agentes sociales se han quejado por la falta de concreción para definir el nuevo sistema de pensiones. Entre estas cuestiones figura la adecuación del periodo de cómputo para cubrir lagunas de cotización y mejorar el tratamiento de las mismas, así como la subida de las bases y pensiones máximas.
El Gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos ha conseguido prorrogar hasta el primer trimestre del 2023 para presentar a Bruselas el nuevo sistema. No hay acuerdo sobre la subida progresiva de las bases de cotización, la pensión máxima y el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación. Es preciso definir los ajustes que, más pronto que tarde, tendrán que asumir trabajadores y pensionistas. Hay que acabar con la incertidumbre sobre el nuevo modelo, teniendo en cuenta que la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y dos meses, y que los fondos de pensiones privados se desinflan por el recorte de los beneficios fiscales. La avalancha de jubilaciones que se avecina implicará más aportaciones y menos prestaciones.