El acceso a una vivienda digna y con precio asequible se ha convertido en uno de los principales problemas de Balears. En nuestra comunidad el esfuerzo financiero para adquirir un inmueble triplica la media del Estado y los precios de los alquileres resultan prohibitivos. Las propuestas planteadas desde las instituciones -Govern y consells como primeros responsables- fracasan una y otra vez. Lo confirma la nula respuesta a la reconversión de los establecimientos hoteleros, obligados a destinar la mitad de los pisos a VPO; la escasísima aportación de las entidades financieras para ofertar casas con rentas bajas, y el fiasco en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa. La última de las propuestas consiste en prohibir la venta de inmuebles a los no residentes, que ahora mismo no tiene visos de prosperar.
Balears y España se ven afectadas por las leyes de oferta y demanda, y sus exigencias no se solventan con gestos más o menos ocurrentes o con proyectos legislativos que ahuyentan la inversión al infringir las normas de la UE. Así no se resuelve el problema. Las instituciones han de aportar soluciones eficaces, que pasan por liberar suelo público y suavizar las tasas municipales a los promotores que oferten vivienda de calidad a precios asequibles. No se pueden seguir planteando quimeras en una cuestión tan grave y sensible.