El paro de los letrado de la Administración de Justicia se mantiene al no haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio. Menorca también se ve afectada, con centenares de causas y expedientes que han quedado paralizados. El ciudadano es el principal perjudicado por una situación en la que da la impresión de que existe voluntad de hallar una solución por ambas partes. Ahora, con los juzgados ya colapsados, el Consejo General del Poder Judicial reclama propuestas a los tribunales superiores autonómicos para minimizar el impacto. Una de las razones por las que esta huelga obtiene escaso eco mediático se debe a que agudiza el colapso sistémico de la Justicia en España.
Cualquier procedimiento judicial sufre la condena previa de su retraso en la resolución definitiva. Todo el aparato judicial está paralizado a pesar de la enorme trascendencia social que tiene este paro: juicios, notificaciones, deshaucios y depósitos registran retraso desde hace meses. El Ministerio de Justicia parece ser el primero en no querer resolver este grave conflicto, entre otros motivos debido a que tampoco hay una exigencia social en este sentido. Las críticas políticas son de muy baja intensidad y los afectados se muestran poco beligerantes. Por eso, con meses de retraso, se piden ahora las primeras propuestas desde el Consejo General del Poder Judicial.