Laura Borràs no puede confundir prevaricación con represión

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament catalán y líder de Junts, Laura Borràs, a cuatro años, seis meses y un día de prisión, multa de 36.080 euros y 13 años y un día de inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos electos así como funciones de gobierno por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. Un severo fallo por el fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo informático, Isaías Herrero, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Pero Borràs rechaza renunciar al escaño y pide la restitución de sus derechos y deberes como diputada. El enrocamiento de Borràs se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya califica los hechos juzgados de «caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos» y descarta el indulto. La dirigente de Junts ha sido condenada por falsedad y prevaricación. O sea, por delitos comunes contra la Administración; no son delitos políticos. Esta sentencia tiene repercusiones políticas inmediatas, que implican el cese de Borràs como diputada y, por tanto, como presidenta de la cámara. Será la Junta Electoral la que decidirá su cese, que ya le están pidiendo las formaciones políticas catalanas y también varios miembros de Junts.