La comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo' en el Parlament emprendió ayer su andadura con la aprobación del plan de trabajo y la relación de comparecientes, entre los que no figuran ni la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ni la presidenta del Govern, Marga Prohens. Esta comisión es una iniciativa política de Vox y su objetivo consiste es investigar la compra, aprobada en 2020, al principio de la pandemia de covid-19, por parte del anterior Govern del Pacte, de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.
Estos tapabocas, que debían impedir la transmisión y el contagio del virus, no eran de la calidad exigida para su uso sanitario según certificó la Conselleria de Salud en cuanto se recibieron, por lo que quedaron almacenadas. Hoy siguen guardadas porque no llegaron a utilizarse. Es lógico que se investigue qué ocurrió y por qué se han producido estas irregularidades, pagadas con recursos públicos. Esta comisión adquiere sentido si se utiliza para investigar, no para descalificar. No puede ser un instrumento de desgaste del adversario y convertirla en disparadero de reproches y acusaciones. En las instituciones debe imperar la lealtad y el fair play. Los ciudadanos quieren trabajo y seriedad, y rechazan el zancadilleo y las descalificaciones.