La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres individuos que entraron por la fuerza en una habitación alquilada de un piso y echaron de malas formas al inquilino, porque supuestamente no pagaba los 400 euros mensuales por el cuarto. Los delitos que les imputan son los de coacciones y allanamiento de morada. La emergencia habitacional ha abocado a muchas personas y también a familias vulnerables, a vivir en infraviviendas por las que pagan elevadas mensualidades. Y de forma paralela surgen mafias de violentos desokupadores, que ofrecen sus servicios al margen de la ley para desalojar violentamente a los supuestos morosos. Son extorsionadores profesionales, que previo pago por propietarios de pisos sin escrúpulos sacan por las bravas a los inquilinos.
Este comportamiento delictivo está tipificado en el código penal y las autoridades no pueden permitirlo al pervertir el sistema y que la fuerza se imponga a las leyes. Igualmente, es necesario que la Justicia acorte los trámites judiciales de los desahucios y los pleitos por okupaciones para evitar que proliferen estos clanes delictivos que ofrecen sus servicios al mejor postor. No es de recibo que la víctima de un inquilino moroso tenga que padecer unos plazos tan largos, y de igual manera no es tolerable que los desokupadores ilegales impongan la ley del más fuerte.