Ignacio Garriga, secretario general de Vox, pidió el miércoles en Palma «perdón a todos los que confiaron en Vox en las elecciones nacionales y han tenido que ver episodios bochornosos por algunos que se presentaron tras las siglas del partido. Los que se disfrazan y vienen a hacer políticas del PP o de la izquierda no tienen cabida aquí. No se colará ningún estafador más». Y al día siguiente, la exdiputada y exportavoz de Vox en Balears Idoia Ribas, que abandonó el partido de Abascal, denunció haber sufrido «presiones» para transferir a Vox ingentes cantidades de dinero público. Es el que se asigna al grupo parlamentario y, en lugar de destinarse a su funcionamiento, es ingresado en la Fundación Disenso, de la que Santiago Abascal es presidente vitalicio. En palabras de Ribas, «Vox se ha convertido en una estafa piramidal con estructura de secta».
Afirmaciones que apuntan a una conducta delictiva en la cúpula de esta formación ultra por los supuestos desvíos de recursos públicos. La Justicia debe actuar de oficio y aclarar si es necesario abrir una investigación. Ribas, que compareció junto a otros dos díscolos –Agustín Buades y la consellera menorquina Maite de Medrano–, asestó un golpe especialmente duro al apuntar hacia lo más alto de la cúpula. Sus acusaciones son tan graves que no pueden pasar inadvertidas.