El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación, por un polémico caso de filtración de un correo de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía ser autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. Cinco de los siete magistrados han votado a favor de una sentencia condenatoria y dos por la absolución, la misma proporción que se les atribuye entre conservadores y progresistas.
Aunque no se conoce la argumentación de la sentencia, que está redactando el presidente de la Sala, lo que es evidente es que hay que cumplir el fallo, aunque se discrepe legítimamente de su contenido. El caso tiene el riesgo de escalar en la politización de la justicia, debido a que los partidos mantienen un enfrentamiento radical, que perjudica a las instituciones, y que recurren al sistema judicial como una herramienta política. Es recomendable poner serenidad, entender que el Supremo ha cumplido con su función, y pasar página con un nuevo fiscal general, que se mantenga alejado de las dinámicas partidistas. Por el bien de las instituciones, no hay que seguir cuestionando la labor judicial, según de qué lado cae cada sentencia.