El Partido Popular plantea impedir por ley la docencia a condenados por acoso a menores, en referencia al caso de Miquel Roldán, el profesor del instituto de Son Sardina de Mallorca condenado cuyo regreso a las aulas provocó la indignación de los padres de los alumnos. Se trata de modificar la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, lo que implica la aprobación del Congreso de los Diputados.
El caso de Roldán marca un antes y un después. En octubre pasado, la Audiencia de Palma confirmó la condena de un año de prisión contra el profesor mallorquín al ser declarado culpable de un delito de acoso contra un exalumno. Pero la sentencia no impone pena de inhabilitación que le impida ejercer la docencia. Un juzgado de Palma prohibió a Roldán acercarse o comunicarse con el menor. Después, fue juzgado y condenado por acoso, pero no lo inhabilitaron, así que siguió ejerciendo. Tras su traslado al instituto de Son Sardina, los padres se movilizaron para exigir su despido y Roldán cogió una baja.
Llaman la atención las dificultades para expulsar a los funcionarios. Algunos de ellos, del caso Turisme Jove fueron condenados por corrupción, pero después han recuperado sus plazas en la Administración. El caso de un acoso probado a un menor es más grave y deben activarse todos los mecanismos para apartarlo de la docencia.