El derrumbe de un muro de la Costa des Muret, que ha afectado a la fábrica de Xoriguer, es el último capítulo del riesgo que representa el acantilado del puerto de Maó y de la incomprensible falta de actuación de las administraciones. El Consorcio, que implica al Govern, al Consell y al Ayuntamiento de Maó, se ha mantenido inactivo durante unos cinco años. Desde hace un año, a raíz de otros desprendimientos que levantaron de nuevo la alarma, se han celebrado varias reuniones, pero sin actuaciones concretas. Un proyecto de desbroce, que debía contar con fondos del ITS, tampoco se ha llevado a cabo.
Una cosa es que la mejora de todo el acantilado representa una inversión millonaria y otra es que no se ejecuten las mejoras imprescindibles en los puntos de mayor riesgo. Hay buena disposición de las administraciones, pero los avances son lentos. La responsabilidad de los propietarios de los edificios es otro tema difícil de gestionar. Ahora, Autoridad Portuaria, que no está en el Consorcio, se muestra dispuesta a colaborar en la financiación. Lo que está claro es que el plan de consolidación no admite más demoras. Los avisos ya son muy reiterativos.