La regularización extraordinaria de migrantes, acordada por el Gobierno PSOE-Sumar con Podemos, permitirá a 500.000 extranjeros obtener el permiso de trabajo y residencia. Su objetivo consiste en garantizar los derechos de estas personas y conseguir su integración social y laboral en España. El Ejecutivo se basa en una iniciativa legislativa popular que obtuvo más de 700.000 firmas.
Utiliza la fórmula del Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros para esquivar obstáculos parlamentarios cuando el primer partido de la oposición, el PP, discrepa con esta iniciativa. Alberto Núñez Feijóo afirma que «incumple el pacto migratorio europeo». Mientras el Gobierno califica de «histórica» la decisión «al reforzar los derechos humanos, la integración, la convivencia y la cohesión social», el PP rechaza las «regularizaciones masivas» y aboga por hacerlas de manera individualizada. Según esta formación, Pedro Sánchez utiliza la inmigración como «cortina de humo tras la tragedia de Adamuz». Es la primera regularización con Sánchez en el Gobierno pero en democracia ya se han aprobado siete.
La bajada de la natalidad evidencia la necesidad de contar con los inmigrantes, pero, como advierte la presidenta Prohens, «dar papeles no garantiza la integración». Una iniciativa de esta naturaleza ha de llevarse a cabo con responsabilidad para evitar precariedades y tensiones sociales.