La modificación del Reglamento de Usos Lingüísticos del Consell, aprobada en el pleno de diciembre por el PP y la consellera Maite de Medrano, suscita la discrepancia y las críticas del Consell Científic del Institut Menorquí d’Estudis, Obra Cultural Balear, Acció Cultural de Menorca y la Plataforma per la Llengua.
El rector de la UIB, Jaume Carot, ha presentado una alegación en la que solicita suspender los cambios por la falta del informe preceptivo de la institución académica. El conseller de Cultura, Joan D. Pons Torres, al presentar la propuesta dijo que este cambio responde a dos objetivos: garantizar la libertad de los menorquines para expresarse y ser atendidos en las dos lenguas oficiales de Balears en el Consell, y «defender y proteger el menorquín como patrimonio lingüístico insular que queremos preservar para las futuras generaciones».
El desacuerdo es absoluto, con el IME que urge a reconsiderar el nuevo reglamento por contradecir al Estatut d’Autonomia y la Llei de Normalització Lingüística, mientras el equipo de gobierno del Consell invoca el Estatut cuando determina que «las instituciones de Balears han de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas». ¿Es posible alcanzar un punto de entendimiento entre estas posiciones tan enconadas en esta comunidad con una lengua propia?