En los últimos años el Consell ha ganado en personalidad, con un incremento de su capacidad de gestión, sin embargo el proceso que debe dotarle de más competencias no avanza de forma adecuada. En parte, la causa es la falta de recursos económicos del Govern, pero también la falta de visión o voluntad política de esta dinámica descentralizadora. No se puede aceptar una competencia que no venga acompañada con el dinero que hace falta para gestionarla. El Consell no debe aceptar ni una sola transferencia que no cumpla con este requisito. Por otra parte, el traspaso no ha de suponer un incremento del coste del servicio, que pagan los contribuyentes. Lo que se transfiere debe eliminarse en la administración de origen. Si la descentralización en una isla es una reivindicación positiva, la duplicidad del gasto es algo inaceptable. Francesc Antich, inmerso en el objetivo de adelgazar la administración autonómica, planteó en su día la posibilidad de suprimir la Conselleria de Agricultura del Govern y traspasar la gestión a los consells. Esta buena intención política debería cumplir los dos requisitos apuntados: Ha de venir con el dinero suficiente y no puede encarecer el coste de una gestión mejorable.
Editorial
Ritmo lento del proceso de transferencias