Los ayuntamientos han potenciado en los últimos años la participación ciudadana a través de organismos y comisiones para pulsar la opinión de la calle en determinados asuntos municipales. Un ejemplo son los talleres de la llamada Agenda Local 21 que vela sobre el desarrollo sostenible. Esta conexión entre administración y administrados es, sin duda, muy saludable y beneficiosa. Sin embargo, hay otro tipo de colaboración que ya molesta un poco más a determinados gobernantes, la que surge de la espontaneidad y, en algunos casos, no exenta de crítica. Además, hay quien mira estas iniciativas desde la desconfianza al estar fuera de los cauces burocráticos establecidos y otros que van más allá y ven intereses ocultos o desestabilizadores. De todo hay, pero que no se olvide nadie que el contribuyente tiene el derecho a que se le escuche.
Uno de los últimos casos de movilización son las 300 firmas que se entregaron al Ayuntamiento de Maó en abril demandando mejoras urbanas y la creación de una comisión de expertos de patrimonio. Se les atendió, "gracias" y a partir de ahí poca cosa más. La respuesta oficial es que "vamos haciendo".
No se puede pedir compromiso a la sociedad y luego molestarse si lo que nos dicen no nos gusta.