El pasado día 21 de julio, amablemente invitado por Josep Bagur, director de Contenidos de Editorial Menorca, S.A. asistí a una mesa de diálogo sobre el tema enunciado en el encabezamiento de este escrito, que fue muy interesante, pues escuchamos distintos puntos de vista sobre la actual situación de la relación entre la Administración Pública y los ciudadanos.
Como es de suponer, a medida que avanzaba la reunión salieron temas que preocupan a todos, como la actual crisis económica.
Como resultado de la reunión llegué a las siguientes conclusiones:
a) Que los ciudadanos no ven la Administración Pública como aquella institución, por otra parte necesaria, que resuelve los múltiples problemas que afectan a los ciudadanos para el desarrollo de sus iniciativas, ya sean de carácter económico, familiar, laboral, educativo, cultural. etc. Igualmente ven como una carrera de obstáculos el obtener las ayudas de fomento, subvenciones o bonificaciones, e incluso exenciones, dada la exagerada burocracia existente en nuestro país. Más adelante volveremos sobre este tema al comentar la inseguridad jurídica existente.
Con todo ello no olvidamos los indudables avances sociales y económicos alcanzados, pero en la actualidad se está degradando, y no sabemos hasta cuándo, lo que hemos venido en llamar el estado de bienestar.
b) Que los ciudadanos tienen, cuando menos, la sensación de que la carga de impuestos o otras exacciones a que deben de hacer frente, no se corresponden con los servicios que reciben de las Administraciones Públicas.
c) Que la confianza en la clase política (lo que lamento, pues existen una gran mayoría de políticos que ejercen con honestidad dicho servicio imprescindible en una Democracia), ha caído en picado, pues, entiende la ciudadanía que los políticos se dedican a enfrentase entre ellos mismos, incluso dentro de gobiernos de coalición, más que en buscar soluciones que beneficien a los ciudadanos. La presunta corrupción, y en algunos casos ya corrupción simplemente, tiene buena culpa de la situación actual.
d) La inseguridad jurídica se ha adueñado de esta sociedad. Las leyes se cambian según las conveniencias, y un día se pacta con unos y al siguiente con otros. Basta citar la corrección de errores del BOE, que esconde cambios normativos no aprobados legalmente. Impunemente se manifiesta que no se acatan las sentencias, cuando no están de acuerdo con determinados intereses.
e) Los casos de corrupción especialmente de altos cargos públicos, volviendo sobre este tema, producen un rechazo unánime en la ciudadanía pues al detentar cuotas de poder deberían dar ejemplo con su actividad política.
Ante esta situación se comentó que debían tomarse las medidas por los órganos competentes en cada estamento (Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local), para intentar entre todos volver a conseguir la confianza de los ciudadanos y que los ingresos públicos sean utilizados con la mayor austeridad.
Con la mayor humildad, y reconociendo que otros participantes en el foro podían exponer mejores medidas para mejorar la situación actual, me atrevo a realizar las siguientes propuestas:
Primera. Reducir los organismos autónomos, entidades empresariales, sociedades, fundaciones, consorcios y mancomunidades que creadas por las Administraciones Públicas, han supuesto incrementos de coste de personal y difícil control de gastos, siempre que no hayan demostrado su plena utilidad para el bien público. Evitando asimismo publicidad en la prestación de los mismos servicios por distintas Administraciones Públicas. Es cierto que de ello se habla mucho pero se hace poco.
Segunda. Reducir cargos políticos digitados (asesores, coordinadores, directores generales, secretarios generales técnicos, etc.).
Tercera. Valorar como se merece el trabajo de los funcionarios de carrera y laboral de las plantillas de las Administraciones Públicas.
Cuarta. Devolver, si no en todo, en la mayor parte, las atribuciones que tenían los funcionarios de los Cuerpos de Habilitación de carácter Estatal (antes Nacional). Especialmente la función auditora y fiscalizadora previa de los interventores. Pues la fiscalización posterior por el síndico de cuentas, Tribunal de Cuentas y, en su caso, por la Justicia, siempre es tardía y poco efectiva.
Quinta. Suprimir la posibilidad actual de que los nombramientos que los funcionarios de Habilitación de carácter Estatal (secretarios, interventores y tesoreros) se hagan por libre designación en grandes municipios, dejando como único sistema de provisión el de concurso de méritos. Para garantizar su inamovilidad en su puesto de trabajo y no estar sujetos a los cambios de Gobierno.
Con ello garantizaríamos su objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, que les obliga a emitir informes preceptivos aunque no sean vinculantes.
Sexta. Suprimir, salvo casos muy concretos, y únicamente para asesoramiento pero no para emitir propuestas a los órganos de Gobierno, los nombramientos por libre designación, dejando como única modalidad el concurso de méritos.
Ello, por los mismos motivos antes expuestos en el apartado anterior.
Séptima. La supresión o la aminoración de los déficits de las Administraciones Públicas deben realizarse por la contención del gasto y no fundamentarse en el incremento de la carga fiscal sobre los ciudadanos. Mucho menos en estos momentos en que el paro es el mayor cáncer que padece nuestra economía y que afecta muy especialmente a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas. Cada día vemos mayor número de personas que incrementan la cifra de parados y empresas que cierran.
Octava. Transparencia en la actuación de la Administración dando debida cuenta de sus ingresos y gastos. Ahí entra en juego la participación ciudadana, a través de las federaciones y asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones empresariales, etc.
Novena. La necesidad de programar los servicios que deben implantarse o mejorarse así como las infraestructuras. Programación que permita el mejor uso a los escasos recursos de que se disponen. La creación, por otra parte preceptiva, de oficinas de supervisión de proyectos, sería muy necesaria, que incluiría el control de su ejecución.
Por último, recordar que en definitiva las Administraciones Públicas no se sirven, sino que están al servicio de los ciudadanos.
Debo manifestar que no ha sido mi intención ofender a nadie, sino exponer con mayor o menor fortuna mis impresiones personales, después de la interesante reunión que tuve en Menorca, a la que siempre tengo un recuerdo especial, para tratar estos temas, gracias a la feliz iniciativa de Editorial Menorca, S.A.
Expreso mi firme confianza en que se volverá al camino correcto para sacar a nuestro país de la actual situación.
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Ex secretario General del Ayto. de Palma
Ex secretario Ayto. de Maó
Primer secretario del Consell de Menorca