Deuda pública y crisis privada

La demora de la Administración en los pagos a proveedores, en particular a las empresas de construcción, amenaza con unas consecuencias que van más allá de la situación puntual de un impago. Las obras de Can Saura aparecen como último ejemplo de un desgraciado fenómeno que hasta hace dos años ha podido capearse pero que en los momentos actuales resulta insoportable. Buena parte de la crisis que atraviesan algunas constructoras tiene su origen en la deuda que soportan de las instituciones, la falta de liquidez por la caída que ha registrado el sector complica la situación y está conduciendo a conflictos laborales como efecto final de la cadena. Por ello, como se ha oído ya en determinados foros, es probable que la Administración carezca de recursos e imaginación para impulsar la situación económica pero es imperdonable que su mala gestión la agrave. En este punto debe recordarse la iniciativa contra la morosidad aprobada en el Congreso de los Diputados que, si bien no es de aplicación inmediata, marca ya un criterio moral que obliga a una mayor puntualidad en el pago de sus obligaciones. En cualquier caso, ha de contribuir a combatir el paradigma actual respecto a una situación de deuda pública y su repercusión en la estructura socioeconómica.