Casi todas las corporaciones locales han aprobado estos días las cuentas públicas para el próximo año, definidas por la austeridad y la contracción de los recursos para inversiones. La Administración no es ajena al contexto de caída general de la actividad que atemoriza al mundo empresarial y la iniciativa privada, fuente que ha nutrido con generosidad las arcas municipales en los pasados años. Los ayuntamientos se quedan sin margen de maniobra, con lo justo para hacer frente a sus obligaciones, y sin posibilidades de concertar nuevos créditos a causa del elevado nivel de endeudamiento alcanzado, un enorme lastre por el consumo de gastos financieros que comporta. El caso de Alaior, con 1,3 millones de deuda a proveedores, es paradigmático de una situación que con matices cuantitativos alcanza a todos y que encabeza el Consell con 42,4 millones.
Las únicas inversiones se circunscriben a grandes proyectos financiados por administraciones supramunicipales, algunas importantes en volumen presupuestario y mano de obra como la variante de Ferreries, pero que resultan insuficientes para compensar la pérdida del sector privado y mantener el ritmo de actividad.