El hecho de que en las listas electorales del 22-M exista un centenar de candidatos imputados en casos de corrupción ilustra sobre el alcance de un gravísimo cáncer político y económico existente en España que, lejos de combatirse con medidas contundentes para proceder a su extirpación, no frena su expansión. Hasta tal punto que bien puede afirmarse que la corrupción sigue gozando de buena salud, en este país y en Balears, si los lectores me admiten una observación siniestra pero muy explícita.
La corrupción suele detectarse preferentemente en los partidos mayoritarios, PP y PSOE, por razones obvias puesto que son los que acceden al gobierno de la gran mayoría de instituciones públicas. En Balears, no obstante, no puede olvidarse la bochornosa excepción de la extinta Unió Mallorquina. Ante la denigrante realidad de la corrupción hay que mostrarse absolutamente implacables, como declaraba días atrás el candidato conservador José María de Sintas a raíz del caso Ciutadella Turisme. Una loable y muy tardía disposición que choca sin embargo con otras sospechosas actitudes que se mantienen en su propio partido. Porque por enésima vez, y sin sonrojarse, desde el PP se ha aludido a los fantasmas de la conspiración política y de la persecución judicial.
A propósito de los casos de corrupción que afectan a su partido, a finales del pasado mes de marzo el secretario general del PP de Balears, Miquel Ramis, arremetió con extrema dureza contra la administración de Justicia, en la que en su opinión existen jueces, fiscales y policías que están "a la orden del Gobierno central"; Ramis denunció el "tratamiento diferencial" que recibe su formación de tales "individuos"; criticó la existencia de una "doble vara de medir"; y manifestó incluso que "ahora no existe la separación de poderes", si bien precisó a continuación que los colectivos policiales, judiciales y fiscales llevan a cabo su labor "lo mejor posible con independencia del poder ejecutivo", según la versión de la rueda de prensa de Ramis ofrecida en su día por Europa Press.
Miquel Ramis ya no se conformaba con la consabida cantinela de las presiones y de la persecución judicial. Esta vez daba un paso más y disparaba, rotundo, señalando que hay jueces y fiscales a las órdenes del poder ejecutivo. Días más tarde aprovechó asimismo para reiterar su declaración relativa al trato diferente que a su juicio recibe el PP. Ya no supone novedad alguna asistir hoy al lanzamiento de gruesos exabruptos por parte de determinados dirigentes políticos. Lamentablemente es el caso de Ramis, ofuscado a buen seguro por el interés partidista y, en el fondo, preocupado por las consecuencias electorales que acarrea la corrupción. Podría entenderse que las mencionadas descalificaciones hubieran sido proferidas por alguno de los internautas profesionales de la calumnia que habitan en internet, en unos diarios digitales que no se atreven por cierto a eliminar el escudo del anonimato, por miedo a perder audiencia o por temor a que les manchen o destrocen la bandera de la libertad de expresión, pero esta es otra historia.
A lo que iba. Me asombra que manifestaciones de semejante calibre procedan de una persona con formación jurídica, licenciada en Derecho y en cuya trayectoria política consta que ha sido delegado del Gobierno en Balears. Miquel Ramis se desacreditó a sí mismo al cargar contra el estamento judicial. Menos mal que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia le salió al paso de inmediato con una breve pero contundente nota de réplica, nota en la que rechazaba las acusaciones y recordaba que "la Constitución y el Estatuto Orgánico de la judicatura impiden que los jueces reciban órdenes del Gobierno".
Y no se trata aquí de coartar la crítica a las actuaciones y resoluciones judiciales. En absoluto. Sí abogo, en cambio, por respetar la independencia de jueces y fiscales así como los ritmos procesales que estos estimen oportunos en su trabajo de investigación, instrucción y enjuiciamiento. Entre otras cosas porque sin su dedicación profesional la lacra de la corrupción estaría naturalmente mucho más extendida en este país y en esta comunidad balear.
Reflexione pues Miquel Ramis. En vez de arremeter contra jueces y fiscales, sería deseable que, desde las propias filas del PP, Ramis y otros dirigentes, candidatos y destacados militantes contribuyeran de manera decidida a erradicar las prácticas corruptas en instituciones y partidos que tan graves perjuicios han causado y causan en una vida política que por desgracia cada día se halla más desprestigiada. De hacerlo así, prestarán sin duda un ejemplar servicio a su formación y al conjunto de la sociedad. Además, no hay que descubrir a estas alturas la deplorable pasividad y el burdo recurso de echar balones fuera que ha exhibido el PP durante demasiado tiempo. Porque no vale alardear de credibilidad política cuando una y otra vez se intenta pasar de puntillas sobre la corrupción.