La prensa local recoge declaraciones del Partido Popular, en el sentido de que en el Ayuntamiento de Mahón, los socialistas han estado cobrando retribuciones ilegales, incluso por triplicado. La acusación es tan grave, que no puede obviarse.
El señor Botella (a quien muchos señalan como el poder a la sombra de Águeda) escudándose en unos "informes" de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento de Mahón, ha convocado una rueda de prensa, donde ha vertido esas acusaciones.
Inmersos en el necesario proceso de auditar, para conocer de primera mano el estado de las finanzas municipales, puede que salgan a la luz algunos trapos sucios.
Luz, transparencia y taquígrafos.
Si la cosa es así, el camino natural a seguir lleva a los Juzgados.
Y a que sea un juez quien lo corrobore.
Pero cuidado. Si todo acaba en simples escaramuzas verbales, la cosa es distinta. No se puede acusar sin demostrar. Y si no se demuestra, solo quedan dos caminos. Uno: pedir disculpas, reconociendo el error; el otro: dimitir por haber levantado falso testimonio.
El señor Botella una vez hecha la acusación públicamente a través de los medios de comunicación, tiene que seguir la investigación abierta y comunicar los resultados. No le queda otra alternativa. Quien inicia una guerra de cifras tiene que seguirla y atenerse a sus consecuencias.
Pero como en todas partes cuecen habas, al mismo tiempo, y en otro lugar, los socialistas (por boca del exalcalde Vicent Tur) acusan públicamente a la alcaldesa de Mahón de haber multiplicado por cinco la retribución de los concejales que participan en las juntas de gobierno, que antes se retribuían con 52 euros cada uno de los cuatro días, y ahora serán abonados 270 euros por el mismo concepto.
¿Es eso cierto? Nos preguntamos.
De serlo (y es fácilmente comprobable) ¡sería una auténtica vergüenza!
Pero eso no es nada si lo comparamos con lo que cobrará un concejal por asistir a un pleno municipal: nada menos que 345 euros por pasar un par de horas calentado butaca.
Suma y sigue: 270 euros por un par de horas debatiendo en la Junta de Partavoces. ¡No está mal!
La nueva alcaldesa tiene la obligación moral de desmentir, o confirmar estos datos.
Si son ciertos, Águeda habrá perdido, de un plumazo, mucha de la credibilidad por la que la votaron. Donde prometió austeridad, hay despilfarro. Y lo peor es que es para llenar los bolsillos de los concejales populares, que no tienen dedicación exclusiva.
¡Ni falta que les hace! Si por dedicación parcial se embolsan mil ochocientos euros brutos al mes de las arcas municipales, ya me dirán ustedes lo rentable que es ser concejal del equipo de gobierno.
Además, subirse los sueldos a la primera de cambio, no es de recibo. Pero eso lo han hecho tanto los de populares como antes los socialistas. Al primer pleno van las subidas, en la confianza de que cuatro años más tarde se haya olvidado esta minucia.
El ciudadano asiste entre incrédulo y asombrado, a estas guerras de cifras, que no hacen sino desacreditar a los políticos que campan por nuestros ayuntamientos.
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P.S. Y el alcalde des Castell cobrando dos sueldos. ¡Viva la austeridad prometida!
¡Al menos el de Ferreries ha tenido el loable gesto de renunciar a su sueldo como alcalde, lo que sin duda le honra!