El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha presentado el plan para reducir de 168 a 92 el número de empresas públicas, lo que implicará la eliminación de 800 puestos de trabajo y el ahorro de 135 millones de euros anuales. La medida ya era necesaria hace años. La multiplicación de estas empresas, principalmente durante la presidencia de Jaume Matas, no fue atajada durante la de Francesc Antich, a pesar de las intenciones expresadas. La actuación del Govern es responsable y coherente con el plan de saneamiento de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma, a pesar del sacrificio que representa la pérdida de tantos empleos. En este caso, las empresas públicas han de compartir la misma situación que les toca vivir a las empresas privadas. No se trata, por tanto, de contraponer los estilos americano y europeo de afrontar la crisis, con inversiones públicas o recorte de gastos, respectivamente, sino de comprender la necesidad de adelgazar una administración pública que ha engordado en exceso y a veces de forma innecesaria. El presidente del Govern anuncia que deberá tomar otras decisiones difíciles. La reforma de la administración pública tiene recorrido y no ha de dejar al margen a los cargos políticos y de confianza.
Editorial
El necesario recorte en las empresas públicas