Los ayuntamientos han ampliado en las últimas décadas los servicios que prestan a los ciudadanos. Eso ha permitido una mayor calidad de vida y la apertura de nuevas posibilidades de formación y de ocio, como manifestaciones del progreso económico y social. Hoy, las administraciones locales viven un estrangulamiento financiero que les obliga a aplicar duras políticas de austeridad. La federación que representa a los municipios de Balears, la FELIB, ha puesto sobre la mesa el recorte de servicios que los ayuntamientos no están obligados a prestar por ley. Se considera que el 30 por ciento del presupuesto de estas administraciones corresponde a este tipo de actividades. Otra alternativa, que se ha abierto en Ciutadella, consiste en cobrar a los usuarios el coste real del servicio que perciben, cuando no se trata de una prestación general sino que solo beneficia a grupos determinados. Para ello, se plantea situar las tasas en el nivel que permita cubrir el coste de una determinada actividad. La preocupación municipal por su estado económico es comprensible. De todas formas, hay que reclamar prudencia ante la adopción de unas medidas que pueden hacer inviables servicios que siguen siendo necesarios.
Editorial
El pago de los servicios que prestan los ayuntamientos